SUSO DE TORO: EN TIERRA OCUPADA.
Un año después este Rey viaja a Barcelona, pero el Presidente de la Generalitat este año no podrá estar en la Plaza de Catalunya porque este estado, el Reino de España, lo persigue para meterlo preso y se mantiene exiliado y al Vicepresidente este estado, el Reino de España, lo mantiene en prisión. Y el mayor de los Mossos, Trapero, está investigado y encausado. El Rey llega ocho meses después de que un jefe de los Antidisturbios agrediese a unos camareros italianos pensando que le hablaban en catalán y al grito de “¡Yo soy aquí la puta ley!”, sin que tengamos noticias de alguna investigación o sanción. Pero el Rey como Jefe del Estado presidirá alguna ceremonia con el aval del Gobierno y el apoyo de los cuatro grandes partidos estatales, PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos.
Los medios informativos españoles informan ahora de lo
que ya informaron los medios catalanes hace casi un año: el imán responsable
del ataque terrorista mantenía contacto con el CNI y la Guardia Civil. Cosa que
populares y socialistas impidieron que se investigase en el Parlamento. Ese
hecho abre la puerta a que imaginemos cualquier cosa, incluido el asentimiento
de los servicios secretos al atentado, pues es conocido que estos hicieron todo
tipo de operaciones legales e ilegales en territorio catalán contra los
partidos y políticos independentistas.
Coincide con la denuncia de dos diputados de ERC por
haber sido insultados y escupidos por un Policía Nacional en una comisaría.
Tampoco sabemos si ha habido investigación o sanción.
Estas cosas seguramente no las cuentan los principales
medios informativos españoles pero sí las conocen la mayoría de los catalanes.
Es comprensible que buena parte de la población catalana considere a las
policías españolas como fuerzas de ocupación y que esa dialéctica de odios sea
el componente principal de la relación entre policías y habitantes. Pero
debiera preocupar también a cualquiera que desee un estado y una policía que
respete y proteja a la ciudadanía con independencia de sus opiniones.
El Rey acudirá a esa Catalunya depurada, o “desinfectada”
como dicen y repiten dirigentes socialistas como Borrell y García Page,
protegido por esos cuerpos de policía y el CNI. Y presidirá actos de estado en
un país donde la inmensa mayoría de la población se declara republicana y
contraria a cualquier monarquía, incluida la de la Casa de Borbón. Y el
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo acompañará en ese país donde su
partido es minoritario y donde gobiernan quienes reclaman poder votar su
relación con este estado y exigen la libertad de sus presos políticos, a quienes
consideran rehenes de sus enemigos.
Las autoridades catalanas no han invitado ni al Rey ni al
Presidente, esa es la realidad, y su presencia allí inevitablemente es una
reafirmación de autoridad después del 155, avalado por Sánchez, y aquel mensaje
del Rey amenazando a la ciudadanía que reclamaba libertad. Es una reafirmación
de propiedad, “este territorio es nuestro y vosotros sois nuestros súbditos, lo
queráis o no”. Es lo que hay. No es una visita de cortesía, porque no hay
cortesía ni entendimiento ni puede haberlo en estas circunstancias.
Si en la Corte creen que ya tienen encauzado “el problema
catalán” es porque no quieren reconocer el “problema español” y se sienten
confiados en lo que muestra esa encuesta reciente: la población del territorio
del estado que va desde Santander y abarca toda la Meseta y Andalucía es
mayoritariamente partidaria de esta monarquía. Una España monárquica y
monolingüe. Sobre esa confianza prefieren seguir fingiendo que ignoran que esto
es un problema de estado. Ese problema de estado que muestran esos 181
militares retirados que se declaran públicamente franquistas: no hubo ruptura
sino continuidad del estado franquista. Y ese es todavía el problema que
enfrentamos.
