Donem la benvinguda a la nova República i agraim, de manera especial, la feina feta per part de moltes persones ara ja desaparegudes que no ho han pogut celebrar (entre ells milers de militants històrics del partit Estat Català).
Ara hem de continuar el camí (aplicació de la legalitat catalana), no ens ho posaran gens fàcil, però continuarem. Cadascú en la seva feina, en el seu lloc de treball, en el seu entorn...continuem endavant.
L' Estat espanyol intentarà aplicar lleis, però no ho tindran fàcil, i no ho diem nosaltres, ho diu un article d' El País, que va passar una mica desapercebut. Lectura necessària. Endavant.
¿Y si no pudiera ejecutarse el
155?
No está claro que el artículo funcione cuando el Senado otorgue el plácet
para activarlo
“Ha sido difícil anunciar el
155, pero ejecutarlo es imposible”. La confidencia de un alto
funcionario del Estado resume la incertidumbre de Mariano Rajoy respecto a la
eficacia de esta medida de coerción constitucional. Nunca se había utilizado en
nuestra democracia. Y no está claro que funcione cuando el Senado otorgue el
plácet para activarlo, tanto por la resistencia —activa o pasiva— que va a oponer la Generalitat de Cataluña como por la
falta de tiempo —en principio, seis meses— y la precariedad misma del Estado
español en el territorio hostil donde ha de consumarse la restauración de la
legalidad.
1. La resistencia activa. Será más o menos pintoresca la resistencia teatral que ofrezcan
Carles Puigdemont y sus consejeros. Pueden hacer del palacio de la Generalitat
una parodia de Masadá, pero relevarlos de sus cargos es bastante sencillo, como
va a serlo sustituirlos por otros. El problema consiste en la obstrucción que puedan oponer los demás funcionarios,
tanto de alta graduación como de menos galones. Ya han anunciado los
periodistas de TV3, de Cataluña Ràdio y de la Agencia Catalana de Noticias que
no acatarán la intervención de los nuevos gestores. Y les han secundado la gran
mayoría de Ayuntamientos, los estamentos educativos —el sindicato mayoritario
USTEC rechaza el 155 y renegará de los nuevos
interlocutores— y hasta el cuerpo de bomberos, reacio por completo a reconocer
la legitimidad de un “Estado invasor”. Queda pendiente de aclararse la posición
de los 17.000 Mossos d’Esquadra. No cabe la desobediencia en un cuerpo policial
y casi todos los sindicatos apuntan a que serán leales al nuevo mando que designe
Madrid, pero el antecedente del 1-O contradice el optimismo, sin olvidar hasta
qué extremos se han enrarecido las relaciones del cuerpo autonómico con la
Policía Nacional y la Guardia Civil.
2. La
resistencia pasiva. No hacen falta grandes
movilizaciones ni revueltas para sabotear los planes del 155. Cataluña ha
consolidado una Administración propia que reúne 200.000 funcionarios y que
lleva cuatro décadas progresando en un régimen de autosuficiencia. Soraya Sáenz
de Santamaría anunció que serían cesados o expedientados los empleados públicos
desobedientes, pero hay maneras de paralizar el funcionamiento de la comunidad
sin incurrir en delitos flagrantes, del mismo modo que es imposible organizar
un escarmiento masivo. No ya porque la Administración catalana se paralizaría
en un periodo de convulsión, sino porque no hay medios humanos para sustituir
los extremos de una plantilla explícita o implícitamente desleal. El 155
naufragaría en un territorio hostil.
3. El
tiempo. Las presiones del PSOE y de
Ciudadanos resultaron determinantes para que Rajoy se comprometiera a resolver
el 155 en seis meses. Era la manera de enfatizar una situación
de interinidad breve y de tranquilizar a la opinión pública catalana —y la
española—, pero semejante compromiso temporal hace todavía menos viable la
capacidad de construir una suerte de Administración paralela o inducida. La
propia sustitución de altos funcionarios requeriría unos trámites
administrativos complejos, en tiempo y en filibusterismo. Quiere decirse que la
única manera de ejecutar el 155 en seis meses camino de unas elecciones
consistiría en que el Gobierno central encontrara en Cataluña una
Administración leal y engrasada para la novedad. Y el escenario real es
exactamente el contrario.
4. La
inexistencia del Estado de Cataluña. El
principal inconveniente de los planes de Rajoy radica en la práctica
inexistencia del Estado español en Cataluña. Pudo observarse en el fallido plan
de neutralización del referéndum del 1 de octubre, aunque no se trata de una
gestión concreta, sino de un problema estructural. Únicamente el 9% de los
empleados públicos de Cataluña proviene de la Administración central. La cifra
es superior en la Comunidad Valenciana (16%) y en Andalucía (19%), mientras que
en la Comunidad de Madrid alcanza el 39%. Ya explicaba en este periódico el
profesor Andrés Betancor (Universidad Pompeu Fabra) que la presencia del Estado
“es puramente residual, testimonial” y circunscrita a los cometidos de la
Hacienda pública y de la Seguridad Social.
No teniendo músculo el Estado en Cataluña —842 jueces, 5.900 efectivos de
los cuerpos de seguridad—, la crisis ha puesto en juego la emergencia de los
refuerzos, pero también la precariedad con que se desenvuelven, resumida en el
transatlántico del Piolín.
5. La
precariedad del Estado mismo. El
poder, el peso, del Estado español tiene más que ver con una visión mítica que
con una realidad operativa. Más allá de la crisis catalana, el Estado se halla
expuesto a una crisis de autoridad y de funcionamiento. Tanto por las sucesivas
transferencias realizadas a las comunidades autónomas como por la política de
privatizaciones —el Estado no lleva a casa el teléfono ni el gas ni la luz— y
la circunstancia de una plantilla de funcionarios “analógica”, desmotivada y
tentada por el sector privado. Es la perspectiva desde la que el propio Estado
no podría emprender un plan de “socorro” en
Cataluña sin que terminara resintiéndose el resto del territorio y
la propia eficacia de la Administración, aunque el despliegue de refuerzos
policiales no pone en peligro la seguridad el territorio.
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